Establecido como cantón suizo de pleno derecho en 1803, el país de Vaud ya formaba parte de la Confederación Helvética desde 1536 como territorio súbdito de la ciudad de Berna. Es en ese momento y por medio de la conquista cuando el país cambia la soberanía feudal de la Casa de Saboya por la del patriciado bernés. Simultáneamente, se le impuso la Reforma que conllevó la secularización de los bienes y de las rentas de la Iglesia Católica Romana. Desde entonces y hasta la revolución de 1798, la mayoría de los derechos del diezmo emanaron del nuevo poder que sometió el cultivo del cereal valdense a su política agraria.

 Enfrentado enseguida con las costumbres del conquistado país de Vaud, el Estado de Berna transige con ellas hasta la caída del Antiguo Régimen. Hace inventario de ellas, las codifica y las impregna de su voluntad legislativa. Con constancia, persigue la unidad del Derecho por la vía de la justicia más que por decreto. Su legalismo obstinado lo protegió sin duda de rebeliones populares, aunque si no siempre tuvo razón del descontento y de las resistencias locales.

Es el caso del diezmo y de su gran interés por el tesoro público. Pasando de procesos a sentencias soberanas, la legislación decimal distingue poco a poco los usos perennes de los abusos particulares o consensuales en materia de tasas impositivas, franquicia y percepción. Llegará, a merced de la jurisprudencia, a limitar el fraude y los particularismos, sin eliminar no obstante una cierta ligereza característica del espíritu de la época.

La contabilidad de los bailíos berneses constituye la fuente principal de la investigación llevada a cabo sobre el diezmo en el país de Vaud. En 615 volúmenes o 3’969 ejercicios anuales, cubre, casi sin lagunas, todo el Antiguo Régimen y cumple unas reglas contables comunes que confieren coherencia en su lectura. Las directivas soberanas tendrán por añadidura el objetivo de homogenizar la ordenanza de las rúbricas, la precisión de las escrituras y una cierta alineación de los términos de cierre, pero sin dar paso a la estandarización. El buen sentido común económico prohibirá atentar contra una gestión de las finanzas públicas juiciosamente adaptada a las costumbres regionales. Entre estas, el barullo de medidas de capacidad representará quizá la resistencia popular más emblemática a la centralización.

La doble sucesión al ducado de Saboya y a la Iglesia católica romana proporciona a la Ciudad de Berna un botín considerable de derechos que le interesa censar, esclarecer y circunscribir lo más cerca de sus intereses económicos. Los sucesivos reajustes de las bases imponibles y de las competencias movilizan todos los esfuerzos de la administración soberana para alcanzar, en la segunda mitad del siglo XVIII, coincidencias catastrales de feudo, de jurisdicción y de diezmo. De una intervención a otra, la política incongruente del hâte-toi lentement o la del “picoteo” redondea los bienes de dominio público en detrimento del dominio privado y le aporta sobre todo la cohesión indispensable para la sabia recuperación de los impuestos feudales, señoriales y decimales.

Con la idea de que los datos brutos resisten más el paso del tiempo que los comentarios sobre ellos, era importante ofrecer a los historiadores las cifras recogidas en las contabilidades del bailiaje entre los siglos XVI y XVIII, o, mejor todavía, series cronológicas inmediatamente explotables. Con este fin, las múltiples medidas regionales de capacidad para los granos han sido convertidas en hectolitros, luego, por ornamento estadístico, en quintales.